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La Guajira Colombia: conozca el decreto con el que Petro declaró la emergencia social y económica

Infobae Colombia accedió al documento completo que oficializó también el estado de emergencia ecológica tras la semana de gobernanza del presidente y su gabinete en el departamento

El presidente declaró la emergencia social y económica para atender la situación de La Guajira el jueves 29 de junio. Presidencia.

El jueves 29 de junio el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia social y económica en La Guajira tras gobernar junto con todo su gabinete durante la última semana de ese mes en el departamento. En el anuncio, manifestó que las medidas que se tomarán estarán centradas en contrarrestar los efectos climáticos generados por el fenómeno de El Niño y solucionar a mediano plazo la falta de agua potable en varios municipios.

Al respecto, en la noche del domingo 2 de julio, Infobae Colombia tuvo acceso al documento completo correspondiente al decreto 1085 firmado este mismo día por el jefe de Estado y a través del cual quedó oficialmente declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento.

Dicha declaratoria tendrá vigencia de 30 días contando la fecha de expedición del decreto. De igual manera establece que “el Gobierno nacional ejercerá las facultades y obligaciones a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994 y las demás disposiciones que requiera para conjurar la crisis”.

El documento también precisó que el Gobierno nacional también acudirá a sus competencias para emitir, a través de decretos legislativos, los mecanismos adicionales para hacer frente a la crisis y evitar que agudicen sus efectos. De igual manera, estableció que dispondrá las operaciones presupuestales para llevar a cabo esas medidas.

Las razones puntuales que llevaron a decretar el estado de emergencia

El decreto 1085 del 2 de julio de 2023, firmado también por todo su gabinete ministerial (incluyendo Francia Márquez, designada el 29 de junio como jefa de la cartera de Igualdad y Equidad), expresó en 11 puntos las problemáticas estructurales que padece La Guajira y sobre las que la actual administración espera atender a mediano y largo plazo.

En principio, el objetivo es acatar la sentencia T-302 de 2017 emitida por la Corte Constitucional y en la que fue declarado el estado de cosas inconstitucional en La Guajira. Sumado a eso, el Gobierno indicó con la normatividad expedida el domingo que se busca atender, en primer lugar, el acceso al agua potable para consumo humano.

1. Salud

Se requieren medidas legislativas para “reorganizar la estructura y funcionamiento del sistema de salud en La Guajira” a través de un modelo intercultural propio concertado con las autoridades tradicionales del pueblo wayuu y otras comunidades asentadas en el departamento.

2. Agua y saneamiento básico

De acuerdo con el decreto, se necesita la disposición de fuentes de recursos para priorizar “la estructuración e· implementación de intervención en infraestructura y esquemas de gestión de agua y saneamiento básico, en el departamento de La Guajira”.

Además, la nación dispondrá de las competencias establecidas en la Ley 142 de 1994 para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua y saneamiento básico durante el tiempo que dure la emergencia o hasta que las entidades correspondientes asuman una prestación eficiente.

3. Sector agropecuario y rural

A fin de garantizar la soberanía alimentaria, “se requieren medidas extraordinarias que permitan flexibilizar los requisitos y condiciones de la contratación de las entidades del sector agropecuario cuando se trate de convenios o contratos con personas naturales, entidades sin ánimo de lucro, Cabildos Indígenas, Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas y Consejos Comunitarios de las comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993″.

4. Sector ambiente

Se necesita, de acuerdo con el decreto, expedir medidas que permitan “conjurar la crisis actual” respecto de los fenómenos climáticos que se aproximan para el departamento, así como resulta necesario “fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental” ante los efectos del cambio climático y sus profundas variaciones en esta zona del Caribe colombiano.

5. Sector educación

Ante la crisis humanitaria, el Gobierno analizará las políticas públicas relacionadas con infraestructura, alimentación, recursos tecnológicos, saneamiento y agua potable, transporte escolar, calidad educativa y del cuerpo docente con enfoque diferencial. Además, sentenciaron que se vuelve importante adoptar medidas sobre la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento.

6. Sector energía

“Se precisa la necesidad de subsidiar la implementación de techos solares, las microredes, los proyectos de energía distribuida y el almacenamiento de energía, además de implementar la transformación de termoguajira”, mencionó el decreto en este apartado.

7. Sector transporte

De acuerdo con el Ejecutivo, es necesario adoptar medidas “de rango legislativo” que permitan reforzar la infraestructura aérea en La Guajira, con el primer objetivo de facilitar la interconexión y prestación de los servicios públicos esenciales.

8. Tributos e inversiones

Es necesario, de acuerdo con el decreto, dictar mecanismos para hacer modificaciones presupuestales “con el fin de focalizar los recursos destinados a ese propósito”; así como explorar la relevancia y establecer otros tributos “o incluso generar incentivos a las inversiones y el turismo en el departamento” para que el sector productivo aporte a la superación de la crisis.

9. Inclusión

Es necesario adoptar medidas de atención para la primera infancia; disponer, enajenar y sanear bienes propiedad del Icbf “con el fin de obtener recursos que permitan ampliar la cobertura para la atención”.

10. Sector TIC

“Se hace necesario adoptar medidas de rango legislativo que permitan agilizar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones”, reseñó el decreto.

11. Sector de medidas presupuestales, planeación y contratación

Finalmente, el Gobierno Petro decretó que se deben acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la sentencia de 2017 proferida por la Corte Constitucional. En ese orden, se requieren hacer modificaciones presupuestales para lo cual se priorizará el uso de recursos provenientes del Sistema General de Regalías para paliar la crisis en los apartados ya mencionados.

Conozca el documento completo a continuación:

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